El gObiErNO de UribE y El DeLiTo PoLiTiCo

UNA CONTRADICCIÓN OFICIAL: EL GOBIERNO DE URIBE Y EL DELITO POLÍTICO

Carlos Gaviria Díaz - El Tiempo, Bogotá, Agosto 17 de 2007

El mensaje es que defender al Gobierno por medios atroces merece beneficios. El tratamiento más benigno del delito político, en contraste con el delito común, es corolario de la filosofía liberal que reconoce el derecho a disentir pero reprocha el uso de las armas como un medio ilegítimo para ejercerlo. Esa tradición occidental, que tiene en la revolución francesa un hito inocultable, contradijo la mentalidad prevalente hasta entonces, defensora del derecho divino de los reyes y aun de la naturaleza divina de los gobernantes, que juzgaba el atentar contra lo que ellos encarnaban el más grave hecho pensable.

El crimen majestatis (crimen de lesa majestad) fue su producto inevadible.Esa impecable línea doctrinaria fue recogida por el constitucionalismo colombiano y respetada aun por las constituciones de cuño conservador, como la de 1886, que al reimplantar la pena de muerte, abolida en la de 1863, excluyó de ese castigo a los responsables de delitos políticos. Con el proceso de sacralización de la democracia que vienen predicando e imponiendo Europa y Estados Unidos, la supresión de esa categoría de delitos se ha convertido en doctrina que recogen sin crítica ni pudor quienes desde este mundo (¿el tercero?) al que pertenece nuestro país, proclaman que vivimos en una democracia cabal y que pretender cambiar (por la vía armada) este estado de cosas equivale a desconocer el contrato social (¡) que hemos suscrito (¡ah!, la utilidad pragmática de las ficciones), y que esa transgresión merece el más drástico reproche por parte de la ley penal.

No deja de sorprender que el reclamo de un mayor castigo para los delitos políticos recupere -desde luego, sin confesarlo- la tesis autoritaria y regresiva derivada de la 'naturaleza divina del gobernante' y el derecho divino de los reyes. Este nuevo modo de pensar, que desde luego no es invención de Uribe, viene abriéndose paso en la práctica 'legislativa' y en la jurisprudencia de nuestro país, amparada por formas de ensamiento que germinaron en 'otro mundo' (¿el primero?) y se trasplantaron aquí sin reserva. Dos jalones, entre muchos, ilustran lo dicho: el decreto extraordinario 1923 de 1978, tristemente recordado como Estatuto de Seguridad, y la sentencia C456 de 1997 de la Corte Constitucional, de la que disentí en la compañía grata y honrosa de Alejandro Martínez Caballero. En el primero, la pena para el delito de rebelión, que era de 6 meses a 4 años de prisión, se cambió en presidio de 4 a 14 años, igualándola a la que existía para el delito de homicidio. Y en la segunda se abolió la conexidad del delito político con el homicidio y las lesiones producidas en combate, que en adelante se penalizarían como delitos autónomos (el terrorismo y los delitos atroces, incluido el secuestro, han sido siempre excluidos de la conexidad).

El actual gobierno ha sido abanderado, por labios del Presidente y algunos de sus más sobresalientes voceros, de la tesis que propugna la abolición del delito político como categoría penal acreedora de tratamiento más benigno, pues así lo exigen la práctica y la teoría democrática. Hasta allí nada grave que objetar. Solo que hay quienes, con razones, discrepamos de tal tesis: al fin y al cabo, se trata de una postura de filosofía política y de política criminal. Pero hay algo que sí es grave y preocupante: cuando en un debate el interlocutor, despreciando las leyes de la lógica, incurre en contradicción mayúscula, su discurso queda deslegitimado. Juzguen los lectores.

Según el discurso oficial, el delito político, por las ventajas que comporta, debe desaparecer de una democracia como la nuestra. Pero hay que enrevesarlo, preservando sus beneficios, para imputárselo a quienes no lo han cometido: los que se alzaron en armas, no para cambiar el régimen constitucional (que en eso consiste el delito político en su forma más característica), sino para defenderlo, a ciencia y paciencia de los gobernantes de turno o hasta convocados por ellos. En el fondo, el mensaje implícito es preocupante: defender un gobierno como el actual (transgresor habilidoso de la Carta) debería ser delictuoso. Pero si se hace (además) por medios criminales atroces, merece el reconocimiento de beneficios.

50 AñoS dE UriBisMo

Por: Jorge Restrepo, El Tiempo, Bogotá, Agosto 17 de 2007

La opinión se restringe a incidentes como los cinco años del Presidente o si va para un tercer período, contraída siempre la realidad nacional en personajes de momento o episodios sin significado profundo por sí solos.

Como la política se concentra en el Presidente de turno, se va aplazando de gobernante en gobernante el fondo de la realidad de la cual son apenas apariencias. Ningún presidente de está época ha tenido aquí estatura suficiente para atribuirle a él solo bienes y males de la evolución colombiana. Sin negar que haya estilos diferentes de uno a otro ni que el Gobierno no tenga que ver, ninguno ha alterado la entidad y los métodos que los igualan a todos. Nada sustancial distingue este gobierno de cualquiera de los anteriores.

Hace medio siglo se hizo el pacto frentenacionalista, que consistió en amnistiarse y repartirse el Estado los responsables del genocidio bipartidista, que nunca han dicho la verdad, se han arrepentido o han reparado. De allá hasta acá, se suceden el mismo belicismo que resigna el orden en fuerza pública, el recurso a estados de excepción, la represión policial o paramilitar, la vacuna macartista contra el reformismo, el sometimiento

a E.U. Siempre el mismo tanque para vigilar las elecciones o para allanar la universidad pública o el Palacio de Justicia. Iguala a gobiernos de hace medio siglo la mentalidad retrógrada de una democracia sin componentes fundamentales de justicia social y representatividad.

Como sus predecesores, este presidente prometió al electorado salirse de la manguala liberalconservadora de la que proviene, porque ha sido lopista, turbayista, samperista, gavirista, otro cacique más del bipartidismo que le ha amputado la modernidad a su país. El incumplimiento se verifica en el discurso demagógico, la desregulación laboral, la venta de empresa nacional, el tributarismo de exenciones a losgremios y cargas al salario, indiferencia con el desempleo, privatización de la salud, irresponsabilidad del gasto, complicidad clientelista con el Congreso, en irrespeto a las cortes, mejor dicho, en profundización y no corrección de la hegemonía de hace cincuenta años.

Fuera de concesiones retóricas al origen y existencia del conflicto socioeconómico, como las de Barco y Betancur, dos generaciones colombianas no conocen gobiernos progresistas, y oposición democrática solo hasta hace muy poco; han padecido el unanimismo en nombre de un orden falso, el delfinato descarado, regresivo siempre, criminal a veces.

Colombia ha tenido a cambio de reformismo el tono intimidante y el puño en alto del Presidente ante el maestro que reclama humanizar la guerra.

No fuera tan grave a no ser por violencia, desplazamiento, desaparición, la justicia privada, daños aplastantes en la balanza de males y bienes de este medio siglo. Es lo importante y no reducir la historia de esta sociedad a la caprichosidad arbitraria de su Presidente o a la autocracia institucionalizada de su origen. Cuenta si luego de medio siglo de frentenacionalismo el país ha avanzado o retrocedido de acuerdo con índices de calidad de vida popular y no de rendimiento empresarial. Le respondió Unamuno a Millán Astray: "Tenéis sí la fuerza pero no convenceréis".